El pasado martes, un interno conocidoextremadamente violento condenado a más de 40 años de cárcel por rociar a su expareja y una amiga con ácido sulfúrico en Málaga, protagonizó un altercado de extrema gravedad en el módulo 3 del centro. El incidente se desencadenó tras comunicarle que debía regresar a su centro de destino en el norte de España, una vez finalizado el traslado por un permiso extraordinario autorizado para mantener un encuentro familiar.
En ese momento, el recluso reaccionó con una agresividad desmedida: destrozó el mobiliario de la sala diurna —mesas, sillas y parte de las instalaciones— y llegó a arrancar patas de acero que utilizó como arma para amenazar de muerte a los trabajadores penitenciarios, a la vez que alentaba al resto de internos para que le secundaran.
A pesar de la evidente peligrosidad, los funcionarios, poniendo en riesgo su integridad física, intervinieron de manera inmediata separando a los internos. El reo se autolesionó lo que obligó de nuevo a los trabajadores a intervenir para evitar heridas graves arriesgándose a sufrirlas ellos.
Este incidente pone de relieve la contraposición del sistema penitenciario en el que la profesionalidad de sus trabajadores contrasta con el desamparo insitucional de sus dirigentes que no valoran el compromiso con el que se actúa.
Desde ACAIP_UGT denunciamos además que la actual política penitenciaria, marcada por un enfoque excesivamente “buenista”, impide una correcta clasificación de los internos y contribuye a que presos extremadamente violentos convivan con la población general, generando un grave riesgo de contagio de conductas. En este sentido, exigimos la separación interior de los internos más peligrosos mediante la aplicación estricta del reglamento penitenciario y el aislamiento de los reos violentos, evitando así que alienten y organicen incidentes desde los módulos de régimen ordinario. Solo en 2024 se produjeron más de 7000 altercados en prisiones.
Igualmente, recordamos la necesidad de que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, imprescindible para tener seguridad jurídica frente a situaciones como la vivida en Archidona. Es necesario que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias y, en un asunto en el que ya han mostrado consenso —como reflejaron los 300 votos favorables en el Congreso para reconocer esta condición—, aprueben de una vez la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria acabe con este agravio histórico.