Durante más de una década, el sistema penitenciario español ha vivido una evolución marcada por el descenso progresivo de la población reclusa. El año 2009 cerró con más de 76.000 personas privadas de libertad, al que siguió una reducción sostenida año tras año. Sin embargo, ese ciclo parece haber llegado a su fin. Los datos más recientes confirman que, desde 2022, la tendencia se ha invertido, planteando nuevos y complejos desafíos para la gestión de los centros penitenciarios.

Entre 2009 y 2021, la población reclusa total pasó de 76.079 internos a 55.097, lo que supone un descenso acumulado cercano al 28%. No obstante, desde 2022 se observa un cambio de tendencia que ya no puede calificarse como coyuntural. El año 2025 ha cerrado con un aumento de 3.196 internos, suponiendo un total de 62.522 personas privadas de libertad en el conjunto del Estado. En apenas tres años, el sistema ha incorporado más de 7.400 internos. Estamos ante una progresión sostenida y acelerada que nos sitúa frente a desafíos estructurales y humanos que la administración penitenciaria parece obviar.

Diferencias entre SGIP, Cataluña y País Vasco

El aumento de la presión no ha sido uniforme. Así, en los 80 centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al cierre de 2025, sumaban 51.559 internos, frente a los 49.026 de 2024. Esto supone un incremento de 2.533 (+5,17%).

Por su parte, los centros de las Comunidades con las competencias transferidas finalizaron 2025 con 9.186 presos (un aumento del 6,73%) en los 13 centros de Cataluña y de 1.777 en los tres centros del País Vasco (un crecimiento del 4,96%).

Los centros más poblados y los mayores incrementos

Por prisiones, el Centro Penitenciario de Valencia se mantiene como la macroprisión con más internos, con 1.992. Le siguen centros como Brians 2 en Cataluña con 1.813, Córdoba con 1.446 y Madrid V (Soto del Real) con 1.384.

Sin embargo, hay centros más pequeños en los que, por sus características, el aumento de población es muy preocupante. Durante 2025, Sevilla I ha protagonizado el aumento absoluto más drástico del país, pasando de 706 a 998 internos, un incremento de 292 personas (+41%). Otros crecimientos insostenibles se han dado en Mansilla de las Mulas (León) con 205 nuevos internos (+22%), Teixeiro (A Coruña) con 170 (+16%) y Palencia (La Moraleja), que también ha sumado 170 internos a su censo (+17%). En términos porcentuales, mención aparte merece el centro de Monterroso (Lugo), cuya población ha escalado un 51%, pasando de 245 a 371 internos.

La Ley frente a la realidad: El mandato del "un interno por celda"

Nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria, que data de 1979 establece un principio básico de dignidad y seguridad: la celda individual. La ley dicta que cada interno debe disponer de su propia celda y que el uso de celdas compartidas debe ser una excepción justificada por necesidades puntuales.

Desde ACAIP-UGT denunciamos que durante los años de descenso de población (2010-2021), la administración desperdició una oportunidad de oro para cumplir la ley. En lugar de consolidar el modelo de un interno por celda, los responsables penitenciarios optaron por soluciones coyunturales: ante la alarmante falta de personal, se procedió al cierre sistemático de módulos en casi todos los centros del país. Esto redujo artificialmente el número de celdas disponibles. Ahora, con el cambio de tendencia y el aumento de presos, nos encontramos con un sistema que no tiene "pulmón" para absorber la demanda. El resultado es que la excepción se ha convertido en norma: prácticamente todas las celdas albergan 2 presos, disparando la tensión ambiental y dificultando cualquier labor de tratamiento y reinserción.

Una bomba de relojería social y médica

El perfil del interno ha cambiado radicalmente en la última década, pero las plantillas y los recursos siguen anclados en el pasado. La población reclusa es hoy mucho más heterogénea en lo étnico, racial, cultural y religioso, con códigos sociales y expectativas diferentes. Esta diversidad, que refleja la realidad de la sociedad actual, requiere recursos humanos suficientes, formación específica y una organización penitenciaria adaptada a un contexto mucho más plural que el de hace una década.

Si hay un punto donde el sistema ha colapsado es en la asistencia médica. Actualmente, más del 72% de las plazas de médicos en prisiones están vacantes. No hay facultativos suficientes para atender a una población donde más del 30% de los internos tiene patologías psiquiátricas. La situación se gestiona, en muchos casos, sin médicos, sin psiquiatras y con módulos saturados. Las prisiones se están convirtiendo en depósitos de personas con patologías graves que, ante la falta de atención especializada, terminan protagonizando incidentes violentos que ponen en riesgo su vida y la de los profesionales.

La necesidad de una reestructuración urgente

No estamos ante un aumento puntual de las cifras; estamos ante una inversión de la curva estadística, un cambio de ciclo que exige respuestas estructurales. Desde ACAIP entendemos prioritaria la reorganización de las plantillas, la reapertura de módulos cerrados, la adecuación de los recursos sanitarios y la revisión de los modelos de gestión se presentan como necesidades inaplazables. Ignorar esta nueva realidad supone asumir un deterioro progresivo de las condiciones de vida en prisión, un aumento de la conflictividad y un impacto directo en la seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana se garantiza también dentro de las prisiones. Un sistema penitenciario desbordado es un sistema que no reinserta y que, tarde o temprano, colapsa con los riesgos que esto conlleva.