España ha finalizado el ejercicio con un total de 62.522 internos, lo que supone que hoy custodiamos a 3.196 personas más que hace apenas un año.
Este incremento del 5,39% en el conjunto nacional no es un hecho aislado ni coyuntural. Así, en los 80 centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al cierre de 2025, sumaban 51.559 internos, frente a los 49.026 de 2024. Esto supone un incremento de 2.533 internos (+5,17%). Por su parte, los centros de las Comunidades con las competencias transferidas finalizaron 2025 con 9.186 presos (un aumento del 6,73%) en los 13 centros de Cataluña y de 1.777 en los tres centros del País Vasco (un crecimiento del 4,96%).
El centro Penitenciario de Sevilla I ha sido el que en términos absolutos más ha crecido, sumando 292 presos, mientras que Monterroso en Lugo es quien más lo ha hecho en términos porcentuales con un aumento del 51%.
En 2018, año en el que asumió la gestión de las prisiones el actual equipo de gobierno, los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias albergaban 58.883 personas privadas de libertad, durante los primeros años la tendencia continuó a la baja coincidiendo 2021, en un contexto marcado por la pandemia, con su pico más bajo situándose en 55.097 internos en los 80 centros de competencia central
En 2022 comenzó a invertirse la curva, lo que empezó como un ligero repunte se ha convertido en una escalada con un incremento acumulado en 4 años de más de 7000 personas privadas de libertad.
Desde ACAIP-UGT denunciamos que durante los años de descenso de población (2010-2021), la administración perdió una oportunidad clave para cumplir la Ley Orgánica General Penitenciaria. En lugar de consolidar el modelo de un interno por celda, los responsables penitenciarios optaron por soluciones coyunturales: ante la alarmante falta de personal, se procedió al cierre sistemático de módulos, lo que supuso una reducción de plazas disponibles. Ahora, con el cambio de tendencia, nos encontramos con un sistema que no tiene "pulmón" para absorber la demanda. El resultado es que la excepción se ha convertido en norma: prácticamente todas las celdas albergan 2 presos, disparando la tensión ambiental y dificultando cualquier labor de tratamiento y reinserción.
No es solo este aumento cuantitativo lo preocupante. También el desafío que supone la creciente heterogeneidad de la población reclusa. Hoy, nuestras prisiones albergan una diversidad étnica, racial, cultural y religiosa sin precedentes. En un contexto de aumento de población, esta mezcla se convierte en un multiplicador de la conflictividad.
Desde ACAIP-UGT alertamos de que la Administración no está dotando a los trabajadores de las herramientas ni de la restructuración de plantillas necesaria para gestionar esta nueva realidad. La convivencia se ha vuelto más compleja y frágil; los incidentes y las agresiones no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de meter a más personas, de perfiles más diversos, en menos espacio.
A la tensión en los módulos se suma una crisis sanitaria que en la SGIP ha alcanzado niveles inasumibles: más del 72% de las plazas de médicos en prisiones están vacantes, a lo que se suma la urgencia de atención de la salud mental en un entorno cerrado en el que más del 30% de los internos requieren medicación psiquiátrica.
Sin médicos que supervisen tratamientos y sin una atención primaria real, las prisiones se están convirtiendo en espacios donde se concentran patologías mentales sin la atención adecuada, lo que deriva en brotes de violencia que sufrimos los profesionales a diario.
Desde ACAIP-UGT exigimos una restructuración inmediata de las plantillas. No podemos seguir enfrentando la compleja realidad social de 2026 con un modelo penitenciario diseñado hace más de 3 décadas.