En la mañana de hoy martes, una interna del Centro Penitenciario de A Lama, con diagnóstico previo de enfermedad psiquiátrica, protagonizó un episodio de extrema violencia contra una trabajadora del centro, a la que agredió de forma sorpresiva y reiterada, abalanzándose sobre la funcionaria llegando a derribarla y propinándole innumerables golpes en todo el cuerpo, generando una situación de grave riesgo para su integridad física y obligando a la intervención urgente de otros funcionarios para contenerla. La agresividad exhibida, continuó posteriormente en la enfermería del centro donde agredió a otro trabajador.

Desde ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias, queremos trasladar nuestra profunda preocupación ante unos hechos que no pueden analizarse como un incidente aislado, sino como la consecuencia directa del deterioro estructural que sufre el sistema penitenciario, especialmente en materia de atención a la salud mental y dotación de recursos humanos.

La población reclusa presenta un altísimo índice de patologías psiquiátricas. En la actualidad, aproximadamente el 30% de las personas internas está bajo tratamiento con medicación psiquiátrica, lo que convierte a los centros penitenciarios, de facto, en los mayores dispositivos de salud mental del país.

Sin embargo, el sistema carece de medios suficientes para atender adecuadamente esta realidad.

En los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el déficit de médicos alcanza ya el 75% de las plazas. La situación en A Lama es especialmente alarmante: De los 9 médicos que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo, los 8 puestos están vacantes. Es decir, solo hay un médico oficial y se ha recurrido a la contratación de 3 facultativos para parchear una situación isostenible.

Con esta carencia resulta materialmente imposible garantizar una atención médica adecuada, y mucho menos cuando se trata de patologías mentales que requieren seguimiento continuo, ajuste de medicación y evaluación clínica especializada.

Además, las plantillas actuales de los centros penitenciarios están dimensionadas conforme a un modelo penitenciario propio de los años 90. Desde entonces, ha aumentado la complejidad del perfil de los internos, se han incrementado las necesidades asistenciales, hay una mayor prevalencia de trastornos mentales y se desarrollan más actividades tratamentales y programas específicos.

Sin embargo, el número de efectivos no se ha adecuado a esta nueva realidad.
El modelo organizativo actual está claramente superado y ya no es válido para afrontar las necesidades presentes.

Desde ACAIP exigimos, redimensionar las plantillas conforme a las necesidades actuales de vigilancia, intervención y asistencia, no conforme a parámetros de hace tres décadas. Así mismo urge solucionar el déficit sanitario con reformas estructurales que garanticen la atención médica

También es necesaria la actualización del protocolo frente a las agresiones que proporciones cobertura psicológica al trabajador agredido y que que la administración actúe de oficio frente al agreso

Reclamamos el reconocimiento efectivo de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, normativa actualmente paralizada en el Congreso. Esta medida es esencial para reforzar la protección jurídica frente a agresiones. No puede recaer sobre el trabajador la carga de iniciar procedimientos judiciales tras sufrir una agresión en el ejercicio de sus funciones.

Es necesario que se desbloquee en el congreso la ley que dote a los trabajadores penitenciarios de la condición de agentes de la autoridad. Desde ACAIP no entendemos como una medida que las principales formaciones políticas dicen apoyar sigue paralizada.